El Parlamento español adopta la ley de amnistía a los independentistas catalanes
La muy polémica ley de amnistía a los independentistas catalanes condenados o encausados por su papel en la tentativa fallida de secesión de 2017 será definitivamente aprobada este jueves por el Parlamento español, abriendo la puerta al regreso de Carles Puigdemont.
Corresponderá al Congreso de los Diputados, donde el gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez cuenta con mayoría gracias al apoyo de dos partidos independentistas catalanes, dar fuerza de ley a este texto que domina la vida política española desde las elecciones legislativas del pasado julio.
Los diputados ya aprobaron la medida el 14 de marzo por 178 votos a favor y 172 en contra, pero el Senado, controlado por la oposición de derechas, la vetó dos meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja, que tendrá, por lo tanto, la última palabra.
La sesión comienza a las 09H00 hora local (07H00 GMT).
Esta medida, que podría beneficiar a unas 400 personas, al frente de las cuales está Puigdemont, es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder en la sesión de investidura de noviembre.
En efecto, los dos partidos independentistas catalanes en el Congreso, sobre todo el de Puigdemont, le exigieron esta amnistía a cambio del apoyo de sus 14 diputados. Sin ellos, el líder socialista no tenía posibilidades de seguir como presidente del Gobierno.
- "Hacer de la necesidad virtud" -
Esta incómoda situación fue el resultado de las elecciones anticipadas del 23 de julio, que el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición de derechas, ganó, pero sin conseguir garantizarse el apoyo de otros partidos para sumar 176 de los 350 diputados que tiene el hemiciclo.
Desde entonces, el PP está en pie de guerra contra esta amnistía, que considera "inconstitucional" y contra la que ha organizado numerosas manifestaciones, la última de las cuales reunió el domingo en Madrid a decenas de miles de personas. Durante esta protesta, su líder, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir a Sánchez que "retire esta amnistía".
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, advirtió el martes de que, incluso después de la votación, harán todo lo que esté en su mano para "tumbar" la ley, es decir, derogarla, ya fuera recurriendo al Tribunal Constitucional o mediante la "presión social", es decir, la presión de la calle.
Los representantes de la oposición no pierden nunca la ocasión de recordar que el propio Sánchez había expresado su oposición a una amnistía para los independentistas catalanes durante la campaña de los comicios del 23 de julio, antes de que la aritmética parlamentaria le obligara a cambiar de opinión para evitar convocar de nuevo elecciones.
"Hay que hacer de la necesidad virtud", repitió Sánchez en varias ocasiones para explicar su giro.
Los sondeos muestran que los españoles están divididos sobre la medida, incluyendo los electores y simpatizantes socialistas.
- Plazo de dos meses -
Sin embargo, las elecciones regionales celebradas en Cataluña el 12 de mayo, en las que el movimiento independentista perdió la mayoría absoluta en el Parlamento catalán y registró sus peores resultados en 40 años, parecen haber dado la razón a Sánchez.
Sobre todo porque la rama catalana del Partido Socialista salió bien parada, y su líder, Salvador Illa, está en medida de aspirar a ser el próximo presidente del Gobierno regional.
Los resultados de las elecciones del 12 de mayo demuestran que Cataluña ha elegido "el camino del perdón, dejando atrás cualquier fórmula de rencor", comentó Sánchez el viernes en Barcelona.
Puigdemont, cuyo partido también progresó en las elecciones regionales, y que reivindica encabezar un Gobierno independentista en minoría, dijo durante la campaña que esperaba volver a España para estar presente en el debate de investidura en el Parlamento catalán, cuya fecha no ha sido fijada pero que debería tener lugar como muy tarde el 25 de junio.
Pero no está claro que vaya a ser así, porque una vez promulgada la ley, probablemente ya el viernes, los tribunales dispondrán aún de dos meses para aplicarla, es decir, para poner en libertad a las personas detenidas y anular las diversas órdenes de detención en vigor, incluida la orden de detención contra Puigdemont.
(V.Blanchet--LPdF)